Los que mueren no son los que deciden
Hay una frase de Julia Otero que, por su sencillez, golpea con más fuerza que cualquier tratado geopolítico: “los que mueren en las guerras normalmente no son los que las declaran”. En esa afirmación se condensa una de las mayores injusticias estructurales de nuestro tiempo: la distancia entre el poder de decidir y el coste de sufrir las consecuencias.
Las guerras no empiezan en las trincheras. No nacen en los barrios obreros, ni en las aldeas, ni en los cuerpos de quienes después serán enviados al frente. Las guerras se gestan en despachos, en mesas de negociación donde el lenguaje es frío, técnico, aparentemente racional. Se justifican con conceptos abstractos: seguridad, soberanía, estabilidad, intereses estratégicos. Sin embargo, quienes terminan encarnando esas palabras son personas concretas: jóvenes obligados a empuñar un arma, familias que pierden sus hogares, civiles atrapados en bombardeos que nunca votaron ni decidieron.
Existe una asimetría brutal entre quienes declaran una guerra y quienes la padecen. Los líderes políticos, las élites económicas o los altos mandos rara vez pisan el barro que generan sus decisiones. Sus hijos no suelen estar en primera línea. Sus vidas no dependen de un misil, de una mina antipersona o de una orden mal calculada. En cambio, son las clases trabajadoras —de un lado y del otro— las que llenan las estadísticas de muertos, heridos y desplazados.
Esta realidad no es accidental, sino estructural. El sistema internacional sigue funcionando bajo lógicas de poder donde los conflictos armados se convierten en herramientas para resolver tensiones económicas, territoriales o geopolíticas. Y en ese tablero, las vidas humanas se reducen a variables. Se habla de “daños colaterales” como si se tratara de cifras en un informe, no de personas con nombres, historias y vínculos.
Además, la narrativa dominante suele revestir las guerras de épica o inevitabilidad. Se apela al patriotismo, al deber, al sacrificio. Pero pocas veces se cuestiona quién define ese deber o quién se beneficia realmente de ese sacrificio. Porque, mientras los de abajo mueren, otros obtienen ventajas: contratos de reconstrucción, control de recursos, influencia política. La guerra, en demasiadas ocasiones, también es un negocio.
Frente a esto, la frase de Julia Otero actúa como un recordatorio ético y político. Nos obliga a mirar más allá de los discursos oficiales y a preguntarnos: ¿quién paga el precio real de las decisiones? ¿Quién tiene voz en esos procesos? ¿Es legítimo un sistema donde quienes deciden no arriesgan nada comparable a quienes ejecutan o sufren?
Desde una perspectiva de izquierdas, esta reflexión no puede quedarse en la denuncia. Implica defender alternativas: la diplomacia frente a la confrontación, el fortalecimiento de instituciones internacionales realmente democráticas, el control ciudadano sobre las decisiones que pueden llevar a la guerra. Implica también cuestionar el militarismo como respuesta automática y apostar por políticas que pongan la vida —todas las vidas— en el centro.
Porque si algo revela esa frase es una verdad incómoda: la guerra no es un destino inevitable, sino una elección política. Y como toda elección, puede y debe ser cuestionada.
En última instancia, recordar que quienes mueren no son quienes deciden no es solo un acto de justicia simbólica. Es el primer paso para exigir un mundo en el que nadie tenga que morir por decisiones que nunca tomó.
Si te interesa profundizar en esta idea —escuchar la voz de quienes sí pagan el precio de la guerra—, libros como The Savage Wars of Peace: Soldier's Voices recogen testimonios directos que desmontan cualquier relato épico del conflicto. Porque entender la guerra desde abajo es el primer paso para cuestionarla desde arriba.
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