Jumilla, VOX, PP y la islamofobia institucionalizada: un paso atrás en derechos y convivencia

 

En los últimos días, el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), gobernado por el tándem PP-VOX, ha decidido prohibir los actos religiosos islámicos en espacios públicos. Una decisión que, más allá de su forma legal, ataca frontalmente los valores democráticos, la libertad religiosa y la convivencia en diversidad que debería defender cualquier institución pública en un Estado de Derecho.

Desde una visión progresista y de izquierdas, esta medida no es sino otro ejemplo del proyecto ideológico que la ultraderecha viene implantando en aquellos lugares donde gobierna, con el apoyo cómplice del Partido Popular: una cruzada reaccionaria que, bajo la excusa de defender la "identidad" o la "neutralidad", busca excluir, señalar y marginar a comunidades concretas, especialmente a personas musulmanas.

¿Neutralidad o islamofobia?

El argumento oficial esgrimido por el consistorio se basa en la "neutralidad del espacio público", pero la realidad es que no existe esa misma contundencia cuando se trata de actos católicos: procesiones, misas al aire libre, belenes o incluso misas institucionales continúan ocupando plazas, calles y espacios municipales sin que nadie levante la voz.

Esta doble vara de medir evidencia que no se trata de neutralidad, sino de discriminación religiosa selectiva, y más concretamente, de islamofobia institucional. Porque prohibir actos religiosos en general sería una cosa; prohibir solamente los islámicos es otra muy distinta, y profundamente preocupante.

Una agenda de exclusión

No es casualidad que esta medida llegue en un contexto donde VOX y sus aliados del PP han intensificado sus ataques contra inmigrantes, el colectivo LGTBIQ+, las feministas y cualquier forma de disidencia con su modelo de "España homogénea". La prohibición en Jumilla forma parte de una agenda política clara: convertir a ciertos colectivos en chivos expiatorios, sembrar el miedo y alimentar el odio entre vecinos.

¿A quién beneficia esto? A nadie, salvo a quienes necesitan dividir para seguir gobernando. Porque cuando se restringen libertades a unos, las libertades de todos están en riesgo.

La izquierda debe responder

Desde la izquierda debemos denunciar esta deriva autoritaria, pero también actuar con firmeza. No basta con tuits de rechazo o comunicados: hay que organizarse, movilizarse y proteger los espacios de convivencia que tanto ha costado construir. Frente al racismo institucional, solidaridad vecinal. Frente a la intolerancia, unidad y resistencia democrática.

No podemos permitir que una minoría política imponga sus dogmas excluyentes a una mayoría plural y diversa. España es un país con muchas religiones, muchas culturas y muchas formas de vivir, y eso no solo no es un problema, sino que es nuestra mayor riqueza.

Conclusión

Lo que ocurre en Jumilla no es un caso aislado. Es parte de un modelo. Si no lo frenamos aquí y ahora, mañana será en más ciudades, contra más colectivos, con más dureza. Desde los valores progresistas, toca alzar la voz, defender lo común y no ceder ni un centímetro ante quienes quieren devolvernos a un pasado oscuro de imposición, censura y monocultura.

La libertad religiosa no es un privilegio. Es un derecho. Y los derechos, o son para todos, o no son.