La doble vara de medir del PP: libertad de expresión para unos, delito para otros

 

En la España actual, la política parece haberse convertido en un teatro donde las reglas cambian según quién sea el protagonista. Un ejemplo reciente ilustra perfectamente esta doble vara de medir: cuando Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, llama “hijo de fruta” a Pedro Sánchez en plena sede de la soberanía nacional, no solo no se habla de sanciones, sino que se convierte en mercancía política. Frases impresas en camisetas, titulares complacientes y una maquinaria mediática que lo presenta como un ejercicio de “libertad de expresión” frente a un supuesto gobierno censor.

Sin embargo, cuando Óscar Puente, ministro de Transportes, llama “sinvergüenza” a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, la reacción es radicalmente distinta: se invoca la ley, se habla de “delito de odio” y se pone en marcha el aparato judicial.

Este contraste no es casual ni anecdótico. Forma parte de una estrategia política clara del Partido Popular (y de sus altavoces mediáticos): normalizar el insulto y la descalificación cuando procede de su bancada, y criminalizarlo cuando viene de la izquierda.

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Libertad de expresión selectiva

La derecha española lleva años apropiándose del concepto de “libertad de expresión” como si fuera un privilegio de unos pocos.

• Cuando un político conservador insulta o lanza acusaciones sin pruebas, es “valentía” y “decir las cosas claras”.

• Cuando lo hace alguien de izquierdas, se convierte en una amenaza al orden democrático, un ejemplo de radicalismo y, en ocasiones, hasta un “delito”.

Este mecanismo no es nuevo: se basa en desgastar al adversario político con un marco mediático desfavorable, donde el debate no se centra en el fondo de las críticas, sino en el tono o las formas… siempre que convenga.

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El papel de los medios y la justicia

No se puede entender esta asimetría sin hablar de medios de comunicación alineados con la agenda del PP y de una parte del poder judicial que actúa con rapidez quirúrgica en casos que afectan a la izquierda.
Mientras los insultos de Ayuso o Feijóo se blanquean y se convierten en memes compartidos en redes, las palabras de ministros progresistas se convierten en munición para semanas enteras de tertulias indignadas.

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La política del ruido

El PP ha convertido el ruido y la crispación en su principal herramienta. No se trata de proponer soluciones reales a los problemas del país, sino de construir un relato donde el adversario es ilegítimo y sus críticas, intolerables.
Este doble estándar erosiona la democracia porque instala en la sociedad la idea de que no todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a expresarse libremente, y que las reglas cambian según el color político de quien habla.

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Conclusión

Si la libertad de expresión es un derecho fundamental, debe serlo para todos, y no solo para quienes encajan en la narrativa del poder mediático y judicial de la derecha.
La democracia no se defiende con insultos, pero menos aún con hipocresía. Y lo que hoy vemos no es otra cosa que un uso partidista de la ley y del discurso público para proteger al propio bando y silenciar al contrario.

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